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El sector privado de Venezuela asegura que la única manera de mejorar el problema de abastecimiento que sufre el país es elevar el precios de los productos regulados en más de 100% de su valor actual.
El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Manuel Felipe Larrazábal, aseguró este jueves que la única manera de mejorar la economía en los próximos 120 días es aumentar el precio de los alimentos y productos regulados.
El precio regulado de los productos de la cesta básica es una de las medidas del Gobierno venezolano para proteger al pueblo que desde hace dos años está afectado por la guerra económica.
Larrazábal sugirió permitir el acceso inmediato de divisas, incentivar la producción, revisar los costos de los productos regulados y privilegiar el trabajo productivo.
Durante la rueda de prensa celebrada en Caracas (capital) el presidente de Cavidea sostuvo que para lograr la recuperación de la cadena de suministros es necesario trabajar en conjunto con el Gobierno, con la nueva Asamblea Nacional y con todas las instituciones implicadas en el área de alimentación.
A su juicio, aprobar el aumento de la harina de maíz precocida que actualmente tiene un valor de 19 bolívares a unos 65 y 70 bolívares por kilo sería el principio de grandes cambios. Sin embargo, el empresario no explicó las consecuencias que originaría ese cambio radical en el presupuesto de cada uno de los venezolanos.
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Larrazábal obvió que en lo que va de 2015 más de 120 mil toneladas de alimentos se han distribuido en todo el país, beneficiando a unas 20 millones de personas a través de la red Mercal, Pdval y Abasto Bicentenarios a precios subsidiados.
No obstante, insistió en que no se trata de eliminar la ley de Precios Justos que aprobó el Gobierno venezolano en defensa del pueblo ni las misiones sociales de alimentación, sino aplicarla a la par de una producción mayor, con precios adecuados para los consumidores.
El politólogo Vladimir Adrianza dijo en un exclusiva para teleSUR que la derecha venezolana busca que el Gobierno apruebe la privatización de todas las empresas aún cuando “se tendría que someter a voluntad popular”.
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Para Adrianza resulta fuera de lugar que el sector privado le urga frenar el desabastacimiento solo cuando la oposición resultara ganadora de las elecciones parlamentarias y no en el escenario de desestabilización y la guerra económica que data de hace dos años.
