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Este miércoles, continúa el ciclo número 41 de los diálogos de paz de entre las delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Colombia en La Habana, Cuba.
La jornada contará con la participación de Jean Arnault, delegado del secretario general de la ONU, y de José Bayardi, de la presidencia de Unasur, hecho que fue saludado por las FARC-EP, por el compromiso internacional que representa la meta de culminar con el conflicto armado, destaca Prensa Latina.
A través de un comunicado los grupos beligerantes recordaron los más de 250 muertes que ha causado la guerra interna en Colombia por más de 50 años, la cual ha generado seis millones de desplazados, 50 mil desaparecidos, siete millones de hectáreas de tierra expropiada a sus humildes dueños y millones de compatriotas expulsados al exilio por razones económicas y políticas.
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“Centenares de dirigentes sindicales, líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados y más de seis mil militantes y dirigentes del movimiento político de izquierda Unión Patriótica ultimados a tiros por escuadrones de la muerte al servicio del régimen; sin hablar de otras gravísimas consecuencias sociales, económicas y ambientales” reza el texto.
En ese sentido, los grupos mediadores por la paz reconocieron que el papel de los organismos internacionales y demás gobiernos es vital, para que se dé el fin del conflicto bélico.
Las FARC-EP aseguraron que “en ambas delegaciones hay voluntad política, franqueza, transparencia y la firme decisión de legar a las futuras generaciones un país más justo, en paz, en plena democracia, respetado y reconocido por la comunidad internacional”.
Defensa en los derechos campesinos
Por otra parte, a través de un nuevo comunicado las FARC-EP llamaron la atención del Gobierno colombiano, en torno a los derechos de tierras de los campesinos.
Además, los grupos izquierdistas denunciaron las crecientes privatizaciones que se están llevando a cabo en la altillanura colombiana.
EL DATO
Antes de dar inicio a las mesas de diálogo, aseguraron que se está “cooptando o corrompiendo a líderes de las comunidades para proceder a actuar a sus anchas bajo un viciado cobijo legal”.
Afirmaron que diversas empresas privadas están “presionando” de forma sistemática a los pueblos campesinos para alcanzar la explotación de tierras sin medir las consecuencias que sufren las comunidades rurales y el mismo medio ambiente.
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