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El Gobierno venezolano ha indemnizado a unas 596 víctimas del estallido social ocurrido el 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo, hecho del cual actualmente existen siete acusaciones, así lo declaró este viernes la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berté.
En entrevista a la televisora estatal VTV, Berté explicó que el Gobierno da cumplimiento a las leyes, de investigar y procurar la sanción de quienes vulneren los derechos fundamentales.
En 2001, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, el Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un abocamiento para que esas causas fuesen investigadas por la jurisdicción civil, y trasladadas a ellos nuevamente.
En el 2007, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, creó una Comisión Especial de Fiscales para que se dedicaran a conocer e investigar los hechos del 89.
En Contexto:
Durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se impusieron unas medidas económicas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), conocidas como El Paquetazo, provocando la liberación de precios, el aumento del precio de la gasolina, además del costo de los servicios públicos, eliminando subsidios y control de cambio.
El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca. Una Venezuela cuyo 62 por ciento de la población estaba sumida en la pobreza.
El 28 de febrero del 89, el Gobierno de Carlos Andrés Pérez reaccionó ante los saqueos con el plan “Ávila”, mediante el cual ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército acabar con la revuelta y permitiéndoles el uso de armas de fuego. Como consecuencia, se emprendió una brutal represión contra la población.
En ANÁLISIS:
