El ministro de Comunicaciones de Argentina, Oscar Aguad, comentó que el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella debe dejar el cargo, porque de persistir en el organismo estaría “cometiendo un delito”.
Agregó que Sabbatella tiene todo el derecho de recurrir a la justicia, pero no seguir en el cargo,"hay un artículo del Código Penal que dice que removido un funcionario, si se resiste a dejar el cargo, comete un delito". No obstante, el ministro no precisó si esto aplica a funcionarios que son víctimas de una intervención, puesto que el cargo de Sabbatella tenía vigencia hasta 2017.
Sabbatella quien ha sido presidente de la Afsca desde el 2012, se ha negado a dejar su puesto, por lo que dijo que recurrirá a medidas cautelares.
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Aguad agregó: "la Justicia va a dirimir el tema. Hay dos posibilidades: que la autoridad se someta al decreto del Poder Ejecutivo que intervino el organismo o que se vaya a la Justicia como lo hizo Sabbatella”.
El ministro resaltó que las nuevas autoridades que dirigirán la empresa no han podido ingresar a la sede del organismo, mientras que Sabbatella se presentó a la oficina en su horario habitual.
"El está ahí, pero las decisiones administrativas y políticas del ente que él presidía ya no las puede tomar”, resaltó.
Vale destacar que el Gobierno de medidas neoliberales se ha hecho cargo de las cuentas bancarias del organismo, colocó en comisión a todos los funcionarios que nombró Sabbatella y el próximo lunes hará una auditoría contable.
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Fiscalía impulsa denuncia contra Sabatella
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó este jueves la denuncia que colocó Agustín Garzón, quien sustituirá a Sabbatella en la Afsca, según el decreto de Macri.
La denuncia refuta la permanencia de Sabbatella en el cargo, por haber sido removido mediante un decreto dictado por el presidente Mauricio Macri.
Stornelli emitió un dictamen en el que imputó al funcionario por inclumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal, y pidió el allanamiento de la sede de la Afsca.
Estas medidas macritas son catalogadas por muchos como represivas, por lo que el pueblo salió a las calles en su rechazo.