El Congreso de la República de Colombia aprobó esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con 97 votos a favor, seis en contra y con más de 80 modificaciones al texto original.
El proyecto de ley aprobado es el modelo de justicia transicional que forma parte del componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
La JEP "permitirá aplicar la justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto armado y, al mismo tiempo, hacer la transición de la sociedad colombiana hacia la paz", señaló el presidente Juan Manuel Santos.
Responsabilidad por crímenes
El proyecto de ley aprobado establece que la JEP juzgará a los civiles cuya participación haya sido activa o determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, esto implica que sólo serán sancionados aquellos a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiamiento y la comisión de un crimen específico.
El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, dijo en entrevista para teleSUR que todos los que tienen responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, de guerra y graves violaciones de derechos humanos tienen que asumir responsabilidad ante el tribunal de la JEP.
El político y defensor de derechos humanos aclaró que los jueces que se elegirán para ese fin harán su trabajo de manera seria y jugarán un papel importante, “nadie podrá escapar, ni los que financiaron, ni los que soportaron el paramilitarismo, de esa responsabilidad”.
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En cuanto a las garantías que ofrece para el cumplimiento verdadero de la justicia de paz, Iván Cepeda afirmó que el mecanismo contribuirá al principio de No Repetición, puesto que perseguirá a personas que han tenido responsabilidad en el pasado, y también a las que siguen teniendo responsabilidad hoy en las violaciones y crímenes cometidos.
El conflicto armado en Colombia dejó 300.000 muertos, casi siete millones de desplazados y al menos 60.000 desaparecidos en el transcurso de medio siglo.
¿Hay garantías para la NO repetición del conflicto?
Los movimientos sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia consideran que la Jurisdicción Especial para Paz vulnera las garantías de No repetición y los derechos de las víctimas ante terceros actores que apoyan el mantenimiento de los paramilitares para obtener provecho económico o apropiarse de tierras.
El abogado y representante de las víctimas del paramilitarismo Francisco Ramírez, explicó a teleSUR que son los empresarios y compañías multinacionales las que quieren obviar su responsabilidad respecto a los crímenes que han cometido.
"No tenemos garantías para la No repetición, porque esas compañías multinacionales están utilizando mercenarios, que supuestamente se encuentran desmovilizados y montan grupos paramilitares. El no reconocimiento de estos, trae como consecuencia que no se comprometan a la no repetición,", agregó.
La jurisdicción estará constituida por una serie de salas de justicia, amnistía e indulto y un Tribunal para la Paz encargado de investigar, esclarecer y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos.
Una de las principales aristas en el debate ha sido la forma en la que los integrantes de la Fuerza Pública tendrán que responder por sus crímenes en el marco y con ocasión del conflicto armado.
Organizaciones civiles y de derechos humanos consideran que la JEP es muy laxo con los militares, mientras que estos por el contrario, creen que es muy duro.
Pese a la discordia, según lo aprobado, los procesos contra los militares tendrán un tratamiento diferenciado de los guerrilleros, y cuando se trate de establecer la responsabilidad de los superiores en las faltas de sus subordinados deberán cumplirse una serie de condiciones.
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