Fiscalía mexicana investigará presunto espionaje a periodistas

La Fiscalía mexicana afirmó este miércoles que investigará el presunto espionaje ejecutado por parte del Gobierno de ese país hacia periodistas y activistas sociales, al tiempo que investigará a los responsables de promover el software malicioso entre las víctimas.

En un comunicado, la institución informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) inició una investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que "se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias".

La institución aseguró que "investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos" y les pedirá que expliquen a qué empresas ofrecieron sus servicios.

Este lunes, The New York Times informó que personalidades como la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, fueron espiados a través de un programa informático denominado "Pegasus", que es vendido exclusivamente a Gobiernos para el combate de organizaciones criminales y terroristas.

Rechazo ante el espionaje

Luego de que el caso fue expuesto a la opinión pública, varias voces rechazaron la presunta actuación del Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) junto a legisladores de oposición y organizaciones civiles mostraron su rechazo ante los hechos y solicitaron una "investigación exhaustiva" del caso.

El presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, expresó "enérgico rechazo" a la práctica del espionaje, la que catalogó como "ilegal e injustificada".

Por su parte, la presidenta del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, consideró los hechos como "inadmisibles", al considerar como "enemigos" a activistas y comunicadores.

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Después de que saliera a la luz el caso, el Gobierno mexicano aseguró que "no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje", y sostuvo que defiende la "privacidad y protección de datos personales" de los ciudadanos. Sin embargo, varios de los afectados denunciaron el caso en una rueda de prensa el mismo lunes y presentaron una denuncia ante las autoridades.