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  • Fiscalías peruanas trabajan contra el lavado de activos, narcotráfico, extorsiones y asesinatos. (Foto: laindustria.com)

    Fiscalías peruanas trabajan contra el lavado de activos, narcotráfico, extorsiones y asesinatos. (Foto: laindustria.com)

Publicado 1 abril 2014



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La Fiscalía de Perú conformó un grupo especial de fiscales para enfrentar a los sicarios y al crimen organizado en el norte de la nación andina. La medida fue dictada por el fiscal de la Nación (General), José Peláez, ante el incremento notable de los crímenes cometidos por sicarios en el norte de Perú, informó el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especiales contra el crimen organizado.

"Este es un tema que necesita un estudio sociológico para establecer las razones por las que en el norte del país se está dando un mayor número de hechos delictivos", señaló Chávez Cotrina.

La atención pública sobre este tipo de delitos en el norte del país se dirigió en los últimos años principalmente hacia la ciudad de Trujillo, capital de La Libertad, donde es habitual la acción de sicarios y bandas organizadas.

Las fiscalías contra el crimen organizado trabajan en investigar temas como el lavado de activos, narcotráfico, extorsiones y asesinatos, indicó Chávez. Sin embargo, que una norma del Poder Judicial impide que los delincuentes que cometen crímenes de este tipo en provincias puedan ser juzgados en Lima.

"La exhortación que nosotros siempre hemos hecho es que se amplíe la competencia de la Sala Nacional para que los temas de extorsión, secuestro u homicidio donde estén vinculados temas de sicariato o donde estén involucrados organizaciones criminales sean competencia de la Sala Nacional y de esa forma traer a esos delincuentes y juzgarlos aquí en Lima y poder llevarlos a penales de la capital", señaló.

Chávez también indicó que el fiscal Peláez ha dado una opinión favorable a un proyecto que plantea modificar las sanciones para el delito de homicidio calificado por lucro y permitir, de esa manera, que el sicariato sea reconocido en el Código penal.


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