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El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó este 2 de diciembre abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Pese a la campaña mediática que se lleva a cabo en su contra y la intolerancia que se vive actualmente en el país la mandataria expresó que no cree en un Brasil fascista si no en un país donde vivan todos.
Conozca qué sigue tras la aceptación del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff
La oposición acusa a la presidenta Dilma Rousseff de haber "maquillado" la cuentas públicas de 2014 y 2015 y de haber "cargado" a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno por 41 mil millones de reales en 2014 (equivalente a unos 10 millones de dólares).
Las prácticas ilícitas se habrían producido a inicio de 2015, tras su reelección, según la oposición.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio un empujón a la oposición a principios del mes de octubre recomendando a los diputados que rechazaran las cuentas del pasado año.
Los partidarios del juicio político “impeachment” afirman que las prácticas constituyen un "crimen de responsabilidad" por parte de la presidenta y representa uno de los motivos de destitución consagrados en el artículo 85 de la Constitución brasileña, por violación de la Ley de Finanzas públicas.
La petición fue elaborada por prominentes abogados y miembros de la oposición, entre ellos, Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT).
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció su decisión y aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación.
Cunha había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley.
El juicio en contra de la presidenta debe tener aprobada la mayoría de votos de los parlamentarios (342), proceso que puede demorar un tiempo. Si tiene una mayoría de 342 dentro de los 513 podría perder el mandato.
El Senado es quien tiene la última palabra: 54 de los 81 senadores deben apoyar la petición.
Se necesita de un delito preciso que pueda imputarse directamente a la presidenta, situación que hasta el momento no está clara.
"Esto no significa que Dilma deje sus funciones ahora, significa que el congreso ha dicho que ella puede ser procesada. Si fuera aprobado debe tener la mayoría en el congreso (342), eso va a demorar algún tiempo", explicó el periodista brasileño Beto Almeida en entrevista exclusiva para teleSUR.
