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La cifra de diputados representa el 94,7 por ciento de los legisladores favorables al proceso de destitución de la jefa de Estado y abarca a integrantes de 15 partidos políticos.
El portal del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil publicó este miércoles una información según la cual 36 de los 38 diputados que votaron a favor del juicio político contra la presidenta del país, Dilma Rousseff, son investigados por irregularidades.
La nota publicada por el PT menciona a cada uno de los integrantes de la comisión especial de la Cámara de Diputados que votó por la admisión del pedido de juicio político y detalla los elementos por los que la gran mayoría de ellos son investigados.
Entre estos cita al propio relator de la comisión, Jovair Arantes, del Partido Laborista Brasileño (PTB), blanco de una acción del Ministerio Público Federal referente a crímenes de improbidad administrativa.
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También se refiere a los diputados Paulo Maluf, del Partido Progresista (PP), sobre quien pesan más de 10 sospechas por falsedad ideológica y lavado de dinero, entre otras, y al pastor Marco Feliciano , acusado de injuria, difamación e incitación al odio y cuyas cuentas electorales fueron rechazadas por el Tribunal Regional de Sao Paulo.
Al parecer, Alex Manente, Partido Popular Socialista (PPS) recibió donaciones de empresas investigadas en la operación anticorrupción Lava Jato, al igual que lo hicieron Nilson Leitao, Bruno Cobas, Jutahy Junior; Paulo Abi-Ackel y Bruno Araujo, todos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), agrega.
En la relación, y por estas mismas causas, figuran también -entre otros- Lucio Vieira y Osmar Terra, Danilo Forte, Tadeu Alencar y Fernando Bezerra, Eduardo Bolsonaro, los demócratas Elmar Nascimento y Mendonza Filho, así como Benito Gama (PTB).
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En contexto
La comisión especial parlamentaria de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el pasado lunes 11 de abril el juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff con 38 votos a favor y 27 en rechazo. La discusión pasará ahora a la plenaria del Congreso, donde se tomará una decisión definitiva.
El plan contra la presidenta seguía antes de la votación. Incluso ese mismo día se filtró un audio en el que el vicepresidente de Brasil, Michell Temer, anunciaba la destitución de la mandataria al dar por contado que la Cámara de Diputados aprobaría el juicio político y lo elevaría al Senado.
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la jefa de Estado por supuestos casos de corrupción en la estatal Petrobras, pese a no haber presentado pruebas.
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