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En la agenda de la presidenta Dilma Rousseff en Salvador, estado de Bahía, Brasil, se tenía previsto un acto cultural en el Pelourinho, en protesta contra el gobierno interino de Michel Temer, sin embargo, fue cancelado debido a la lluvia.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, separada de su cargo por 180 días, recibió este jueves el título de Ciudadano de Bahía en la Asamblea Legislativa de ese estado (AL- BA).
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Rousseff expresó que "recibir este título es un honor" y añadió que tiene la obligación de defender y honrar los votos recibidos por Bahía.
"Bahía es una tierra que tiene una tradición de lucha por la soberanía del país ", en referencia a la venidera celebración del 2 de julio, que marca la independencia de ese estado brasileño.
El acto fue presidido por el presidente de la Asamblea Legislativa, Marcelo Nilo.
En las afueras de la Asamblea Legislativa manifestantes expresaron su apoyo a Rousseff y rechazaron al presidente interino Michel Temer y sus política neoliberales.
Dilma Rousseff está de gira por el noreste del país brasileño. El pasado miércoles 15 asistió a una audiencia pública en João Pessoa (PB) y el viernes 17 se presentará en Recife (PE) para un acto "en defensa de la democracia y en contra del golpe".
El título de la Ciudadanía de Bahía fue aprobado en 2011 y fue propuesto por el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Asamblea, el diputado Rosemberg Pinto.
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En contexto
Luego de ser discutido en la Cámara Baja y en el Senado de Brasil, el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff fue aprobado el pasado 12 de mayo y, desde entonces, la dignataria permanece separada de su cargo para enfrentar a la justicia y presentar sus alegatos.
Rousseff debe permanecer alejada del cargo por un lapso no mayor a 180 días, durante el cual una comisión de 21 senadores, con base en el calendario ya establecido, escuchará los testimonios de la parte acusadora y de la defensa para elaborar un informe final con las conclusiones del caso.
Durante este tiempo, los denunciantes deberán presentar las pruebas que vinculen a la jefa de Estado con la supuesta violación de normas fiscales y crimen de responsabilidad, evidencias que nunca fueron entregadas ni en la Cámara Baja ni en el Senado y que, paradójicamente, no fueron necesarias para la aprobación del impeachment.
