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Publicado 3 mayo 2016



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La mandataria brasileña reiteró que no puede haber un juicio político en su contra sin base legal, de lo contrario "sería un golpe".

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció este martes ser víctima de un fraude por parte de la ultraderecha de su país para sacarla del Gobierno.

"Ellos quieren llegar al poder por el camino fácil y no por la vía de elección popular por el que nosotros luchamos", expresó la mandataria durante la instalación del Plan de Agricultura Familiar 2016. 

"Yo estoy siendo víctima de un fraude porque ellos no son capaces de llegar al poder por vía democrática, ellos buscan es dar un golpe de Estado", denunció la jefa de Gobierno. 

Sostuvo que Brasil vive un momento difícil que solo puede ser superado con la unión de todos los brasileños. "Nosotros hemos luchado por mantener los programas sociales, nunca hemos dejado caer al país como la derecha dice", apuntó.

Para ella, a Brasil le quieren cortar el camino a la democracia con acciones fuera de lugar que atentan contra la paz y la tranquilidad de todo un país. "La derecha insiste en hacer creer a todo el mundo que soy yo quien paraliza al país, pero son ellos los que buscan acabar con todos los logros de un Gobierno social", dijo.  

Recordó que lo que está en juego no son los 54 millones de votos que la reeligieron como presidenta de Brasil en 2014, sino todos aquellos que no votaron por ella que serán víctimas de un engaño por parte de personas que ni siquiera tienen un proyecto de país. 

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.

En ese contexto, el domingo 17 de abril la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el pedido de juicio político contra Rousseff, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes. 

El caso pasó a una comisión de 21 senadores, la mayoría de oposición, que tendrá 10 días de debates para escuchar los argumentos de la acusación y la defensa de la presidenta.


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