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La exmandataria y el exministro de Economía fueron acusados por presunto lavado de dinero, aún cuando analistas aseguran que tal proceso sólo busca desprestigiar los logros del kirchnerismo.
El juez federal argentino, Claudio Bonadio, citó a declarar al exministro de Economía, Axel Kicillof y a la expresidenta de la nación, Cristina Fernández, como presuntos sospechosos de cometer supuestas irregularidades en los contratos de dólar a futuro operados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al final del pasado período presidencial.
La Causa
Según Bonadio, “entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del Banco Central (BCRA) a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención”.
¿Qué significa esto? Que el Estado obligó a pagar a sus acreedores una suma indeterminada en pesos tomando como referencia el dólar, pero no a su valor de octubre de 2015 sino a marzo de 2016.
Es decir, por cada dólar el Estado pagaría 10,65 pesos –que es el valor que calculó entonces el BCRA–.
El presunto delito
Según los denunciantes, los imputados cometieron fraude en perjuicio de la administración pública, un delito penado con entre dos y seis años de prisión.
Pero además, de acuerdo con la postura del propio juez que insiste con la existencia de una asociación ilícita, la pena máxima podría ascender a los diez años de prisión.
Por su parte, para el analista Amilcar Salas “la venta de dólar a futuro es una maniobra habitual en toda gestión macroeconómica y del Banco central”.
Indicó que sustentado a ello, los ministros y la expresidenta Fernández declararán que no hay sustento político para argumentar que haya existido 'dolo' (voluntad deliberada de cometer un delito) como la que se le reclama.
“Es arbitrario porque no es un ámbito que le compete a ella, sino que le corresponde a otros funcionarios”, señaló Salas.
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Un cálculo equívoco
En entrevista exclusiva para teleSUR, el analista internacional Ernesto Mattos explicó que “el Gobierno argentino a través del Banco Central había hecho una operación, en la que ponía el dólar desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2016 a un monto que no se reflejó para marzo de 2016".
La entidad bancaria estimaba que el dólar iba a estar 10,21 pesos argentinos y la realidad es que el dólar está a 15 pesos.
"Esa diferencia que se cubre en peso y no en dólar sino al tipo de cambio vigente es de la que tiene que hacerse cargo el Banco Central con los inversores que suponían que el dólar iba a estar a 10 y obviamente no estaba".
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Presuntas Pruebas
El principal testigo de la causa es el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, además de otros economistas afines al oficialismo como Martín Redrado y Lucas Llach.
De igual modo, la denuncia se sustenta en la opinión de periodistas que fueron opositores al kirchnerismo, como Marcelo Bonelli o Marcelo Longobardi.
Ambos analistas coinciden que detrás de esta acusación hay un fin político. “Al igual que otras acusaciones tiene una finalidad de deslegitimar la figura de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, que culminó su Gobierno con altos índices de popularidad y con una forma bastante diferente de lo que se ha ido buena parte de los presidentes".
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