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Los disidentes no tendrán opción de gozar de beneficios legales porque la ley colombiana no acogerá a ningún guerrillero que no se acople al acuerdo de paz

Los disidentes no tendrán opción de gozar de beneficios legales porque la ley colombiana no acogerá a ningún guerrillero que no se acople al acuerdo de paz | Foto: EFE

Publicado 25 agosto 2016



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El senador Roy Barreras explicó que la medida no significa una jubilación para los excombatientes, sino que es un subsidio que durará 24 meses mientras consiguen un trabajo formal.

Los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) recibirán una asignación del 90 por ciento del salario mínimo legal vigente en Colombia, alrededor de los 620 mil pesos, durante 24 meses, al concretarse el acuerdo final con el Gobierno. 

Cuando sean excombatientes, deberán validar la primaria, el bachillerato o realizar un curso técnico en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de Colombia para poder optar por un empleo formal, finalizados los 24 meses le pensión quedará condicionada a su formación educativa. 

La medida responde a la necesidad de prevenir la "metástasis de la violencia en las ciudades", explicó el jefe negociador del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, durante una rueda de prensa, este jueves. 

"No hay ningún sueldo ni jubilación para las FARC", dijo Roy Barreras, senador integrado al equipo negociador. Agregó que "la medida busca evitar que los excombatientes incurran en la delincuencia como forma de vida". 

Igualmente la comisión negociadora del Gobierno de Colombia advirtió que los guerrilleros que se nieguen a aceptar el acuerdo firmado en La Habana deberán cargar con "todo el peso de la ley" impuesto por las instituciones competentes. 

En contexto

La firma del acuerdo final consumada el pasado jueves en La Habana, Cuba, representa el cese de un conflicto armado de cinco décadas entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano y significa la llegada a su fin de 44 meses de duras negociaciones. 

Los seis puntos generales del acuerdo abarcan la reforme rural, la participación política, cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación de las víctimas y los mecanismos de implementación y verificación. 


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