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En México crece el apoyo social a los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa a 19 meses de su desaparición. Durante la marcha de conmemoración de las desapariciones en Ciudad de México, cientos de personas exhibieron las fotografías de los desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014.
Estas movilizaciones ocurrieron luego de que el Gobierno mexicano decidiera no prolongar la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe final del GIEI cuestiona autoridad mexicana
En su más reciente informe, el GIEI reportó las irregularidades de las pesquisas y cuestionó la veracidad de la versión oficial.
En un editorial de New York Times con un encabezado que se titula México huye de la verdad, el medio señala que el informe final del GIEI se tiene que interpretar como una acusación al sistema judicial de esa nación, que es "notoriamente corrupto y frecuentemente brutal".
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La editorial, además de resumir la labor del Grupo en el país, recordó cómo el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Guerrero en diciembre de 2014, cuando ocurrieron las desapariciones para pedir que México “superara” esta fase y siguiera adelante.
La nota señala que Peña Nieto “tendría que haberse engañado al pensar que podría dar la vuelta a una atrocidad contra los derechos humanos que enfureció a la nación, cuando el Gobierno no tenía respuestas sobre quién cometió el crimen ni por qué”.
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En contexto
En una entrevista de teleSUR a Edgar Cortés, coordinador de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, indicó que el segundo informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela "todas las deficiencias, fallas e incapacidad de las instituciones mexicanas para una adecuada y esclarecedora investigación".
Además, varios puntos del segundo informe del GIEI sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denuncian los obstáculos que puso el Gobierno mexicano para que los especialistas desarrollaran sus indagaciones.
Uno de ellos destaca que hasta 80 por ciento de los detenidos por el caso declararon haber sufrido torturas. De hecho, cinco de los detenidos que respaldan la verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas, aparentemente ofrecieron sus versiones forzados por un ambiente de torturas.
Los expertos del GIEI también denunciaron que no se realizaron informes médicos según los estándares internacionales sobre denuncias de malos tratos y torturas.
Cortés resaltó la imposibilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer e informar lo que realmente ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014.
