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El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones de Unidas debatirá el viernes la aprobación de una resolución condenatoria al proceder de los fondos buitre contra Argentina, propuesta presentada por el Gobierno de ese país.
El canciller argentino, Héctor Timerman, informó sobre el debate desde Nueva York, donde se lleva a cabo en la 69° Asamblea General de la ONU y foros sobre los derechos de comunidades homosexuales.
La propuesta presentada ante el Consejo de DD.HH. por Timerman, se fundamenta en que “aparte de los motivos económicos que tienen con su accionar, los fondos buitre no les permiten a los países cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos al desviar fondos que son necesarios para cubrir temas de educación, salud y desarrollo económico”.
El Gobierno argentino confía en que el Consejo respaldará la medida para dar otro paso importante contra los bonistas demandantes, luego de que la ONU aprobó el pasado 9 de septiembre la creación de un marco jurídico multilateral para tratar la reestructuración de deudas soberanas, propuesta por el Grupo de los 77 países más China (G77+China).
“Creemos que mañana es un día importante. Los derechos humanos son un tema por el que Argentina ha sido siempre reconocida por su liderazgo por todo el mundo, y creemos que es hora de que los países expresen su desagrado y su preocupación por la especulación financiera y la protección que reciben los fondos buitre en distintas esferas judiciales para su accionar”, agregó Timerman.
La resolución que será debatida se denominó “Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Las actividades de los fondos buitre”, con el documento, Argentina busca penar el accionar de los buitres contra la naciones.
Los 47 miembros del Consejo de DD.HH. votarán para avalar o no la medida en defensa del sistema y la estabilidad financiera de los países. Entre los miembros se encuentran Estados Unidos, República Checa, Alemania, Irlanda, Japón y Gran Bretaña, naciones que votaron en contra de la resolución aprobada en la ONU el pasado 9 de septiembre.
