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Los familiares de los presos políticos aguardaron en las afueras del penal de Lurigancho para saber sobre su estado.

Los familiares de los presos políticos aguardaron en las afueras del penal de Lurigancho para saber sobre su estado. | Foto: EFE

Publicado 18 junio 2017
teleSUR
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31 años de la matanza de los penales en Perú se cumplen este 18 de junio, hecho en el que asesinaron a 300 presos. El suceso se convirtió en el crimen más grave en contra de los derechos humanos durante el Gobierno de Alan García.

Entre el 18 y 19 de junio de 1986 se desarrolló un motín en las cárceles en Perú, que obligó la intervención de la Fuerza Armada y terminó con la matanza de unos 300 reclusos.

En el marco de una Conferencia Mundial de la Internacional Socialista liderada por el presidente peruano para ese momento, Alan García Pérez, los internos del Partido Comunista del Perú iniciaron un motín en tres penales (El Frontón, San Juan de Lurigancho y en el de mujeres Santa Bárbara).

En la cárcel de Lurigancho los funcionarios entraron a buscar armas, al no encontrarlas decidieron separar a los reclusos comunes de los catalogados "terroristas" (integrantes del partido Izquierda Unida) y se les cortó el suministro de agua y comida.

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El 19 de junio se suman a una protesta de otras cárceles y un operativo militar-policial integrado por entre 700 y mil efectivos del Ejército y 200 de la Guardia Republicana iniciaron la orden de operación exterminio. "Nadie podía salir vivo" fue la orden. 

Los prisioneros comenzaron a salir uno a uno y fueron obligados a tirarse al suelo con las manos en la nuca para ser exterminados.

En la prisión de mujeres de Santa Bárbara iniciaron una huelga, que originó la suspensión de las visitas, lo que provocó una serie de protestas en las afueras del penal. 

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Mientras que en El Frontón abrieron fuego con ametralladoras sin objetivo claro, también dispararon dos misiles para matar a los reclusos. Según familiares, las víctimas fueron entre 350 a 450 presos, pero las autoridades dicen que fueron 60 u 80. 

El 16 de agosto del 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por el caso de la matanza de los penales, alegó que era su obligación aclarar los hechos sucedidos y a los responsables.


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