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En 2016, 38 personas fueron asesinadas en la Comuna 13 de Medellín.

En 2016, 38 personas fueron asesinadas en la Comuna 13 de Medellín. | Foto: RCN

Publicado 11 enero 2017
teleSUR
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La CIDH condenó al Estado colombiano por el asesinato de líderes sociales en esa localidad y la falta de garantías constitucionales hacia las víctimas.

El Comité de Derechos Humanos de la Comuna 13 de Medellín, (oeste) de Colombia, calificó este miércoles de “gratificante” el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado por el asesinato de la líder social Ana Teresa Yarce y la detención ilegal de mujeres en esa localidad.

El director del comité, James Zuluaga, exigió a los mandatarios regionales y nacionales que pidan perdón a las víctimas por los abusos ocurridos en las operaciones Mariscal y Orión, en 2002 que buscaban combatir a las milicias de la Comuna 13 de Medellín.

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El líder del comité denunció que en los últimos 14 años en la Comuna 13 han desaparecido al menos 300 personas, quienes estarían enterradas en fosas comunes, sin que hasta ahora se hayan recuperado los restos.

“Hemos tenido personas detenidas injustamente y una gran cantidad de homicidios que es alarmante. Además hay un reporte de cerca de 300 desaparecidos. Somos la comuna con mayor número de falsos positivos y con la fosa común urbana más grande del país, pero no se buscan a los desaparecidos”, señaló Zuluaga.

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El dato: En 2016, 38 personas fueron asesinadas en la Comuna 13 de Medellín, lo que representa un incremento del 27 por ciento en casos registrados. En lo que va de 2017 no se ha reportado ninguna muerte violenta en esta zona del país suramericano.

Condena de la CIDH

Esta condena se refiere al caso de cinco defensoras de derechos humanos que fueron señaladas como colaboradoras de grupos insurgentes, situación por la que fueron detenidas y liberadas nueve días después sin una prueba suficiente de su presunta colaboración.

En 2004, Ana Teresa Yarce fue asesinada. De acuerdo con el organismo internacional, a pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar su vida.

La CIDH indicó que las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia, frente a lo que el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro.


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