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Los trabajadores marcharán por sus reivindicaciones.

Los trabajadores marcharán por sus reivindicaciones. | Foto: Aton

Publicado 25 noviembre 2015



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La marcha busca un reajuste en materia de remuneración para los empleados fiscales y otros funcionarios de la administración pública chilena.

Empleados fiscales y otros trabajadores del sector público de Chile realizarán desde este miércoles un paro de 48 horas tras no llegar a ningún acuerdo con el Gobierno sobre sus remuneraciones.

Unos 500 mil trabajadores fueron convocados a participar en la huelga, en señal de rechazo a la propuesta gubernamental que plantea un reajuste de 4,1 por ciento de incremento en las remuneraciones para los empleados fiscales.

El coordinador de las negociaciones, Carlos Insunza, explicó que “el proyecto no satisface las expectativas de los trabajadores del Estado. El Gobierno no cuenta con el apoyo de ninguna de las organizaciones de la mesa de sector público”.

A su juicio no se trata de un ajuste equitativo "sino que limita y reduce el poder adquisitivo de los trabajadores”.

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El funcionario señaló que lo ofrecido está lejos de 5,0 por ciento solicitado por el sector.

Reiteró que las diferencias pasan por el reajuste de ingresos mínimos, el bono de vacaciones y el bono de negociación.

“Esta negociación ha sido conducida por el Gobierno a fin de ajustar el déficit fiscal a costa de los trabajadores, cosa que las 15 organizaciones han rechazado (…) El Gobierno le está imponiendo a los trabajadores y un reajuste de un 0% real para el próximo año”, indicó el dirigente.

EL DATO: La paralización cuenta con el apoyo de organizaciones como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), los funcionarios del Registro Civil y la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada. 

EN CONTEXTO

A finales de octubre, la Unión de Honorarios de Chile, señaló en un documento que los trabajadores han denunciado la “precaridad laboral” a la que han sido sometidos, como despidos masivos en el Ministerio de Desarrollo Social; auditoría de 90 contratos por honorarios, lo que se tradujo en amenazas de despidos en las municipalidades.

Igualmente, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), precisó a través de un documento que el conflicto con los trabajadores públicos se originó por la negativa del Ministerio de Hacienda (DIPRES) para avanzar en la negociación de mejoras salariales establecidas como parte del protocolo para la Modernización del Servicio.

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