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Han transcurrido 31 años desde los hechos de la toma del Palacio de Justicia colombiano que dejó un saldo 98 personas muertas, decenas de heridos y 11 desaparecidos.

Han transcurrido 31 años desde los hechos de la toma del Palacio de Justicia colombiano que dejó un saldo 98 personas muertas, decenas de heridos y 11 desaparecidos. | Foto: Al Día

Publicado 16 junio 2017



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Los familiares de las víctimas esperan respuestas del Estado sobre el caso de Palacio de Justicia. 

Los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia de Colombia en noviembre de 1985 aún no se explican, denuncian los familiares de las víctimas. Aseguran que aunque este caso es uno de los más representativos en la historia del conflicto colombiano, en estos momentos se encuentra sin fiscal.

El Estado colombiano lleva más de tres décadas sin dar respuestas de lo acontecido y tres meses sin un fiscal que coordine y avance con las investigaciones del suceso.

La Fiscalía de Colombia encontró los restos de Héctor Jaime Beltrán el pasado 2 de junio, quien desapareció en la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, su esposa, Pilar Navarrete, denunció que no existe un fiscal a cargo de las investigaciones.

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Navarrete solicitó formalmente a la Fiscalía el pasado 16 de mayo la asignación de un fiscal al caso, pero sobre la petición no hubo reacción, a lo que Navarrete presentó una tutela el 14 de junio, en demanda de la protección de sus derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso. 

“Con el paso del tiempo y sin un equipo que le dé el impulso procesal correspondiente al caso bajo estudio, estoy más lejos de conocer la verdad sobre los hechos acaecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia y de recibir justicia”, expone Navarrete en la tutela. 

La petición de Navarrete también recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia contra el Estado colombiano por lo que ocurrió en la toma, ordenó que se investigue, juzgue o sancione “en un plazo razonable”.

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“Estimo que las dilaciones injustificadas en el proceso por parte del señor fiscal general de la nación y la consecuente falta de impulso procesal pueden traer efectos serios a nivel probatorio que probablemente influirán en la sentencia en el momento de imponerse la respectiva sanción”, explica. 

Asimismo, recordó al ente investigador que en sus manos están por lo menos seis procesos penales diferentes, entre ellos, el de determinar los responsables de la toma, quiénes estuvieron detrás de las torturas, encontrar a las siete personas que siguen desaparecidas y determinar qué pasó con ellas.


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