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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el Gobierno mexicano no ha cumplido con los mecanismos necesarios para establecer una búsqueda adecuada en el caso de personas desaparecidas, presentado en informe este lunes ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl Gónzalez, indicó que el Gobierno de México debe implementar mecanismos como un Sistema Nacional de Información de Genética, un Registro Administrativo de Detenciones, y a su juicio deben operar de manera efectiva con criterios unificados y con la información de las 32 entidades.
"Se debe considerar a escala federal y local la tipificación del delito de desaparición de personas por particulares que actúen sin la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, así como establecer la declaración de ausencia por desaparición", indicó.
El Presidente Nacional de Derechos Humanos resaltó que México enfrenta una de sus etapas “más críticas y desafiantes", y "la impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, ocasionan que esta garantía individual sea vista más como una situación meramente discursiva o teórica".
La CNDH solicitó a las autoridades mexicanas permitir que el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas interfiera en el caso para examinar las peticiones individuales en términos del artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
En Contexto
El 26 de septiembre 2014, un ataque policial contra estudiantes normalistas en Iguala, estado de Guerrero (sur) conmocionó a México, así como la noticia de la desaparición de 43 de ellos. La policía se los entregó a narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala.
El cártel habría asesinado e incinerado a los estudiantes en un hoguera que duró aproximadamente 14 horas en el basurero de la provincia de Cocula, ubicada cerca de Iguala.
Por este caso han sido detenidas al menos 98 personas, incluidos decenas de policías, sicarios y funcionarios políticos. Los principales imputados por la desaparición de los estudiantes son el exalcalde de Iguala José Luís Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, pues la Fiscalía encontró pruebas que los vinculan al cártel Guerreros Unidos.
