• Señal en Vivo
    • Solo Audio
  • google plus
  • facebook
  • twitter
La sentencia corresponde a violaciones de derechos humanos en 1999 y 2000. (Foto: diariode3.com)

La sentencia corresponde a violaciones de derechos humanos en 1999 y 2000. (Foto: diariode3.com)

Publicado 22 octubre 2014

El Estado dominicano recibió una sentencia que lo declara culpable por la violación de derechos humanos a nacionales haitianos, tales como la libertad personal, la protección judicial y por expulsiones colectivas. El fallo ordena capacitar a los funcionarios para que los perfiles raciales no sean motivo de detención o expulsión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este miércoles una sentencia en la que declara culpable al Estado dominicano por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000

La CIDH dictaminó culpable a República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.

De acuerdo a la CIDH, entre 1999 y 2000 el Estado dominicano detuvo y expulsó del país hacia Haití a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianos, quienes vivían en República Dominicana.

"La Corte determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria", indica un comunicado del tribunal.

En el fallo, los jueces de la corte aseguran que los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, mientras que otras de las personas no tenían documentos.

"La Corte determinó que para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza, y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades", agregó el tribunal.

La sentencia obliga a República Dominica a capacitar a sus funcionarios para que no realicen deportaciones colectivas de forma arbitraria y para que "los perfiles raciales no constituyan, de ningún modo, el motivo para realizar una detención o expulsión".
teleSUR
Boletines
Recibe nuestros boletines de noticias directamente en tu bandeja de entrada

Comentarios
0
Comentarios
Nota sin comentarios.