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El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, anunció que este martes podría iniciar el trámite para la apertura de un juicio por impedimento contra la mandataria, Dilma Rousseff, hecho denunciado como un intento de “golpe suave” contra la jefa de Estado.
Mientras que la izquierda del país representada en el Partido de los Trabajadores (PT) manifiesta su apoyo a Rousseff, partidos de oposición como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) intentan intensificar la campaña de desestabilización al pedir a los legisladores la moción de censura a la presidenta.
El miércoles pasado el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) rechazó el balance de 2014 presentado por la dignataria tras alegar que el Gobierno maquilló las cifras del déficit fiscal del año.
Diputados oficialistas calificaron de “una versión moderna de golpe” de Estado los intentos de llevar a juicio a Rousseff, ya que los legisladores de oposición no quieren esperar la decisión del Congreso para comenzar el proceso de impugnación.
Militantes del Partido de los Trabajadores implementan una estrategia robusta para contrarrestar el posible voto de la oposición en el Legislativo que decrete la admisibilidad del impedimento.
El lunes, un grupo de diputados de izquierda acudieron al Tribunal Supremo de Brasil con tres peticiones para que se impida la posibilidad de iniciar un juicio político contra Rousseff, al argumentar que no tiene fundamento.
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Afirman que no son legales los procedimientos para iniciar la impugnación como lo asegura el titular de la Cámara de Diputados. Ese proceso sería “inconstitucional”, dijo el diputado oficialista Paulo Teixeira.
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En Contexto
La Cámara debatirá si abre o no, por medio de votación, el proceso contra la mandataria brasileña, que para ser aprobado requiere de 342 votos a favor.
Rousseff señaló que su equipo trabaja en la elaboración de un plan para analizar el escenario político en torno a la decisión del TCU.
Funcionarios del Ejecutivo han recalcado que las investigaciones de casos de corrupción son impulsadas por la presidenta y rechazan la demanda de la oposición de que se investigue un supuesto desvío de fondos para la campaña presidencial.
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