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Los ministros bolivianos, Carlos Romero por Gobierno y César Navarro de Minería serán sometidos a interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional por las demandas y movilizaciones de los mineros cooperativistas.
Así lo informó este lunes el presidente del parlamento, Álvaro García Linera, quien destacó que la convocatoria está pautada para el próximo miércoles cuando se desarrollará la décima sesión ordinaria.
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La sesión está prevista iniciar a las 10H00 local (14H00 GMT), en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde se tocará el punto: "demandas y movilizaciones del sector cooperativista mineros y las acciones del Estado".
El conflicto entre el Gobierno nacional y los cooperativistas causó la muerte de seis personas de ellos cinco mineros, cuatro por heridas de bala y uno por la mala manipulación de dinamita y la quinta muerte fue la del viceministro Rodolfo Illanes quien fue asesinado a golpes tras ser secuestrado por mineros.
El Fiscal de La Paz, Edwin Blanco, informó que la causa de su trágica muerte fue un derrame cerebral y un derrame torácico.
Estas manifestaciones se prolongaron por al menos dos semanas y generó fuertes enfrentamientos entre la Policía y los afiliados. La disputa se dio por un pliego de diez puntos y luego se sumó la solicitud de liberación de 10 mineros detenidos en la cárcel de San Pedro.
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En contexto
Los cooperativistas mineros son un sector privilegiado en la sociedad boliviana porque poseen ventajas en el pago de impuestos, reciben concesiones estatales para explotar mineral sin licitación y no tienen obligaciones laborales ni sindicales.
El sociólogo boliviano Esteban Ticona, estudioso de la problemática minera, explica que las cooperativas "engañan al país porque son empresarios camuflados de trabajadores que han logrado bastantes concesiones y privilegios".
La tensión entre el Gobierno de Bolivia y el sector minero se tornó crítica el 19 del pasado julio después de la promulgación de la reforma de la Ley de Cooperativas que reconoce la existencia de los sindicatos en las cooperativas mineras, la que fue tomada como declaración de guerra.
Los independientes, además de rechazar la reforma legislativa, demandan mayores concesiones de vetas y la posibilidad de asociarse directamente con las grandes empresas privadas foráneas, peticiones que el presidente boliviano Evo Morales no aprueba.
