La discusión se extenderá por dos días y de aprobarse será girado a la Cámara de Diputados el próximo 11 de febrero. El proyecto de ley debe entrar en vigencia en un lapso no prorrogable de 90 días.
Este martes inicia la discusión para la reforma de Ley de los Servicios de Inteligencia de Argentina, la cual se extenderá por dos días y se discutirán temas como la disolución de la Secretaría de Inteligencia que pasará a llamarse Agencia Federal de Inteligencia
El miércoles participarán en el debate los miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y expertos invitados por la oposición.
Se plantea además la penalización para los agentes de inteligencia que afecten la seguridad de la nación y sus habitantes y serán tipíficados los delitos de narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos, delitos económicos y otros delitos fijados en las normas internacionales. La nueva Ley también contempla que las escuchas telefónicas estén bajo la jurisdicción de la Procuración de la Nación y fija un plazo que no podrá ser inferior a 25 años para desclasificar los archivos.
Asimismo, fue planteado un banco de protección de archivos para garantizar que la información no sea almacenada por razones de raza, religión, actividades culturales u otras.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Marcelo Fuentes, quien presidirá la audiencia, informó que este martes se debatirá el anteproyecto y el miércoles se discutirá la participación de los invitados.
“La idea es emitir un dictámen el miércoles para así llevar la discusión al recinto el próximo 11 de febrero y luego girarlo a la Cámara de Diputados”, resaltó.
La presentación de la nueva ley estará a cargo del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el director y subdirector de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente. Estos dos últimos funcionarios asumieron dicho cargo en el mes de diciembre 2014, cuando la presidenta Fernández desplazó a la cúpula de la SI.
La propuesta de reformar la ley fue hecha por la presidenta de ese país, Cristina Fernández y explicó que esta instancia se encargará de garantizar la justicia del caso de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), así como la defensa de la nación.
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