Desde las altas esferas del poder político ha sido soltada la monstruosa y falsa versión de que el secuestro y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa fue ideada y ejecutada por el crimen organizado en su vertiente de narcotráfico. ¡Ah!, el pretexto perfecto para descalificar y revictimizar a las víctimas y, de ese ruin modo, frenar las protestas y las movilizaciones sociales y populares, nacionales e internacionales, que exigen a los gobiernos de Guerrero y de Peña Nieto la aparición con vida de los muchachos.

Pero afortunadamente y como era de esperarse nadie se ha creído el burdo infundio. Ni en México ni en el extranjero. Esos secuestros y desapariciones forzadas tienen toda la marca de un crimen de Estado. Una especie actual y mexicana de los tristemente célebres escuadrones de la muerte que, sobre todo a lo largo de las tres últimas décadas del siglo pasado operaron en México, Centroamérica y Sudamérica, bajo el disfraz del combate a la subversión comunista.

Una reedición de los célebres “paseos” que terminaban en asesinato de militantes, intelectuales y dirigentes de izquierda para inhibir las protestas, las luchas y las denuncias contra el tiránico estado de cosas imperante. Así mataron los franquistas al poeta de poetas Federico García Lorca. Así asesinaron en Guatemala al padre Ellacuría y a sus más cercanos colaboradores. Así desaparecieron y asesinaron a miles de opositores los gobiernos fascistas de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y de muchos otros países en aquellos decenios sangrientos.

Los secuestradores y asesinos fueron, como hoy está bien probado, militares, grupos paramilitares, policías y otros agentes gubernamentales, con la asesoría, el financiamiento y el entrenamiento de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. Y si bien ahora no se dice combatir a los subversivos sino a los narcotraficantes, el asunto es el mismo: golpes ejemplarizantes contra la oposición política, sobre todo a la juvenil y a la estudiantil para cuyo combate no funcionan otros medios, como las puras amenazas, el soborno y otras formas de cooptación.

Falsificando burdamente la realidad y en apoyo a la versión gubernamental de los hechos, circula en internet una calumnia disfrazada de hipótesis que sugiere que “para sus traslados, quizás los muchachos normalistas, sin proponérselo, se apoderaron de un camión de pasajeros que podría estar transportando drogas, lo que motivó la furia de los narcotraficantes y la saña con las que los estudiantes fueron tratados”.

Como es fácil observar, se trata de una típica acción de guerra sicológica y de guerra sucia. Y como es habitual en estos casos, la versión no sale directamente de las oficinas o de los sótanos oficiales. Sale oblicuamente de esos sitios para ser propagada, consciente o inconscientemente, por algún chiflado, un despistado, un delirante o un agente, a sueldo del gobierno, con presencia o influencia en ciertos periodistas o medios de comunicación o, modernamente, en las  omnipresentes redes sociales.

Sin embargo y a pesar de los enormes esfuerzos del gobierno por dar cauce a la desinformación y a la calumnia, la verdad se ha abierto paso. Y la sociedad en México y en el extranjero sabe y cree firmemente que el secuestro y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa es obra del Estado.

Y si hiciera falta algún otro indicio adicional sobre el origen de este nefando  crimen, de esta aborrecible modalidad de terrorismo de Estado, ahí están como evidencia la inactividad del gobierno mexicano para investigar los hechos y perseguir y castigar a los culpables. Pero ¿cómo esperar que el gobierno se investigue a sí mismo y persiga y castigue a sus propios empleados y operadores criminales?