Este 22 de noviembre se dirime la elección del presidente argentino para los próximos cuatro años. Han proliferado (y continuarán) análisis acerca de los proyectos que encarnan ambos candidatos.

Mauricio Macri es la expresión más consecuente y novedosa de la derecha argentina.

Esta tradición política a lo largo del siglo XX sólo pudo acceder a la Presidencia de la Nación por vía de los golpes militares o a través de la cooptación de líderes de los partidos populares como ocurrió con Carlos Saúl Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México o Carlos Andrés Pérez en Venezuela.

Hoy, en alianza con la Unión Cívica Radical – un partido centenario de raigambre democrática y popular ahora trasvestido como opción conservadora, y con la Coalición Cívica (desprendimiento de la UCR) conformaron Cambiemos, nombre de esta oferta de derechas.

La emergencia, así, de una propuesta neoliberal capaz de gobernar por vía electoral con sus propios candidatos es una novedad de época. Su perfil moderno y su discurso de amplitud expresan un matiz significativo con las versiones más ultramontanas, dogmáticas y autoritarias de dicha corriente.

Daniel Scioli es el candidato que se postula por el Frente para la Victoria, fuerza política y cultural heterogénea que ha gobernado el país desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha. Sus referentes fundadores- Néstor Kirchner y Cristina Fernández- han revelado una notable potencialidad estratégica transformadora, y alrededor de su liderazgo se han articulado múltiples espacios, diversos y en algunos casos con diferencias significativas. Sectores ligados al partido justicialista más tradicional con grupos de izquierda anticapitalista expresan otra novedad de época, con las tensiones y complejidades que trae esta configuración del bloque popular latinoamericanista en Argentina.

Un elemento interesante a tener en cuenta es que entre 2007 y 2015 Macri y Scioli han tenido un recorrido paralelo. El primero fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el segundo fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires en el mismo lapso.

La Ciudad es un distrito muy visible y en el que se radican las sedes de los poderes del Estado Nacional, de los poderes fácticos y es la más rica del país.

La Provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más extendida, que concentra la mayor cantidad de población (casi un 40% del total del país) y la que más aporta al Producto Bruto Interno.

En la primera vuelta se produjeron algunas sorpresas, todas ellas favorables a Cambiemos: han conservado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ganaron la Provincia de Buenos Aires y lograron pasar a la segunda vuelta – el balotaje- por una distancia menor a la prevista por todos los encuestadores.

El resultado de la segunda vuelta no está definido a estas alturas, y nos parece un momento oportuno para advertir como se expresa esta disputa de proyectos en el campo de la política educativa y de la pedagogía que impulsará el futuro gobierno.

En la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de Mauricio Macri desplegó una política educativa fundada en concepciones mercantilistas, autoritarias y tecnocráticas. Cuando asumió el Estado asignaba al rubro educación más del 27% del presupuesto de la Ciudad; este último año apenas superó el 20%. Otro mecanismo de desresponsabilización en materia financiera fue la subjecución presupuestaria (es decir, no utilizar lo presupuestado como ocurrió, por caso, con los gastos de infraestructura).

Otro rasgo característico fue la actitud macrista frente el conflicto, promoviendo la elaboración de listas negras de docentes o estudiantes que protestaban por problemas diversos, impulsando la judicialización del conflicto. En otros campos de la política puso de manifiesto respuestas que revelan un mismo linaje autoritario, como la salvaje represión frente ocupación del Parque Indoamericano o el desalojo del Hospital Psiquiátrico Borda  entre otros ejemplos igualmente preocupantes.

Un tercer elemento es la promoción de una idea tecnocrática de calidad educativa, impulsando una lógica centrada en la lógica de los operativos estandarizados de evaluación como sinónimo de buena educación. Esta idea presupone que una educación valiosa es el equivalente a conocimientos producidos por expertos, traducidos por manuales de textos, aplicados acríticamente por los docentes, absorbidos disciplinadamente por alumnos y medidos bajo lógicas competitivas por el Ministerio de Educación o, si hay margen, para empresas privadas dedicadas a la evaluación.

En la Provincia de Buenos Aires otras han sido las políticas públicas y educativas, pues se ha incrementado de manera sostenida el gasto y múltiples programas sociales acompañaron el compromiso del Estado provincial con el derecho a la educación. Sin embargo, cabe consignar aunque más no sea brevemente una referencia a las políticas educativas desplegadas en estos años por el Poder Ejecutivo Nacional- con Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Desde 2003 hubo un creciente compromiso del Estado Nacional en materia de financiamiento educativo, que se expresó en múltiples planos: incremento presupuestario sostenido;  construcción de escuelas (van casi 2000 y en el curso de este año y el próximo se concluirán centenares más); mejoramiento de condiciones laborales docentes; democratización de dispositivos educativos como computadoras y libros; políticas de ampliación de derechos sociales (becas, asignación universal por hijo) entre otras.

Una novedad significativa fue la ampliación de los acuerdos paritarios docentes con el Estado, y la incorporación en las negociaciones de propuestas de formación y actualización docente.

Por cierto, hay asignaturas pendientes, y resaltaremos básicamente dos que requieren mucho tiempo. En primer término, la tarea de reconstruir al Sistema Educativo Argentino como tal tras las políticas neoliberales previas de descentralización y privatización de la educación. La configuración de un sistema educativo fragmentado requerirá prolongados esfuerzos para superar ese estado – que expresa situaciones de desigualdad educativa- y construir un gobierno del sistema educativo que permita asegurar una educación nacional, popular, democrática y emancipadora. Se ha avanzado, en estos años, en esa dirección. Las atribuciones del Consejo Federal de Educación, compuesto por los ministros de educación de las provincias y presidido por el ministerio nacional, son una manifestación concreta. Hay políticas ministeriales como la formación docente que van en esta dirección. Reconociendo los pasos positivos en esta dirección, hay aún un largo trecho por recorrer para configurar un modelo educativo único y propio. Una segunda tarea es la creación de un modelo pedagógico endógeno, adecuado a los requerimientos del proceso que recorre y disputa para avanzar en la construcción de la Patria Grande. Ambas son tareas ciclópeas y no se pueden resolver ni en un tiempo acotado ni con la exclusiva acción del gobierno. Requiere procesos participativos y democráticos, mucha paciencia pedagógica, diálogo y financiamiento.

La perspectiva de un triunfo de Cambiemos tendrá como efecto, posiblemente, un cambio en la disputa político-educativa producto del proyecto que encarna Mauricio Macri. La  agenda a discutir será mucho más básica, pues está claro que la política privatista, autoritaria y tecnocrática que el macrismo desplegó en la Ciudad de Buenos Aires será la matriz de la nueva política educativa nacional. Y con ello, el punto de debate y disputa implicará varios pasos atrás con respecto a lo construido en estos años.

Un gobierno de Scioli – en este rubro como en otros – dejará habilitada una plataforma de conquistas que pueden profundizarse.

La disyuntiva es clara, y lo que resulte del 22 de noviembre marcará la agenda, los límites y las posibilidades de la educación pública en Argentina para los siguientes cuatro años.