Uno de los legados sociales del sistema neoliberal, en el marco del proceso violento de desintegración social que deja a su paso, es la persecución, criminalización y asesinatos selectivos de defensores/as de derechos comunitarios.

Los pueblos indígenas y/o comunidades campesinas, ante la presencia/invasión de maquinarias pesadas en sus territorios, sin consulta, ni licencia social alguna, emprenden intentos de acercamiento y diálogo con los representantes de las empresas. Estos esfuerzos, en el mejor de los casos, terminan con la “compra” de la voluntad de dirigentes comunitarios, por parte de las empresas extractivas.

En este contexto, las comunidades organizadas no tienen más opción que proceder a ejercer acciones colectivas de resistencia social. Derecho fundamental vigente en ordenamientos jurídicos como el de Guatemala, Ecuador y otros países.

Estas acciones de resistencias van desde los procesos de auto consultas comunitarias, pasando por vigilias colectivas permanentes para impedir el paso de las maquinarias, hasta la afectación de los equipos materiales utilizados por las empresas para afectar la tranquilidad comunitarias (daños a las maquinarias, desconexiones eléctricas, etc.). Son acciones colectivas consensuadas en amplias asambleas comunitarias.

Ante estas y otras acciones de resistencia legítima, las empresas y la gendarmería estatal, ensayan campañas de difamación/estigmatización, en contra de defensores/as comunitarias, desde los medios de (des) información empresarial, púlpitos de iglesias, redes sociales, y autoridades locales y comunitarias.

La finalidad es convertir a los verdaderos defensores de derechos en “malhechores”, culpables del “sub desarrollo”, en el imaginario colectivo y la opinión pública. Lo hacen aprovechando los miedos y deseos activados de las sociedades teledirigidas

Simultánea a la “guerra mediática” difamatoria, emprenden procesos de intimidación, judicialización, e incluso eliminación física selectiva, de defensores indeseados, ante la indiferencia de la sociedad expectante.

¿Qué logran las empresas con la criminalización de defensores comunitarios?

Intimidación psicológica a defensores/as comunitarias. La judicialización y el encarcelamiento preventivo es un shock psicológico de fuerte impacto en defensores indígenas y campesinos habitados por creencias y supersticiones del desconocido mundo legal/criminal (para ellos).

Por eso, en la gran mayoría de los casos, defensores/as criminalizadas y/o encarcelados, cuando son sobreseídos o liberados, muy difícilmente vuelven al activismo comunitario en defensa de derechos con la misma dinámica y pasión de antes.

Desintegración de las estructuras organizativas comunitarias. La difamación mediática, seguida de persecución, criminalización y/o asesinato selectivo, tiene por finalidad descabezar a las resistencias comunitarias organizadas. De esta manera, buscan desintegrar las resistencias comunitarias, sin mayor costo económico que el pago de los servicios de abogados.

Simultáneamente a las campañas de criminalización, los actores antiresistencias comunitarias, recurren y utilizan resquicios comunitarios para ubicar y utilizar a los disconformes con los procesos de resistencia dentro de las mismas comunidades. Éstos disconformes son uno de los principales caballitos de batalla para desactivar las organizaciones comunitarias desde adentro.

Desgaste y distracción de las comunidades en procesos de defensa legal. En muchos casos, los procesos de criminalización en contra defensores/as de derechos, imputados con delitos incluso inexistentes en el ordenamiento jurídico, no buscan sentencias condenatorias en contra de las y los criminalizados. Únicamente buscan distraer, desgastar y desmovilizar las resistencias comunitarias

Las organizaciones comunitarias en resistencia no siempre cuentan con un plan estratégico de lucha. No cuentan con financiamiento económico o presupuesto. Mucho menos con estrategias, ni dinero para la defensa legal y/o estrategias comunicacionales. Se van organizando y autofinanciando sobre la marcha.

En estas condiciones, el hecho que sus defensores principales sean encarcelados o procesados judicialmente hace que prácticamente las energías, la atención y los pocos recursos de las organizaciones comunitarias sean prioritariamente destinados para las acciones de defensa legal, en lugar de afianzar las acciones de resistencia.

En otros términos, las campañas de difamación, criminalización y desarticulación de las organizaciones en resistencia, no sólo busca afianzar en el imaginario colectivo de los pueblos la idea de la benignidad de la “inversión privada” y mostrar a los empresarios como los “verdaderos patriotas modernos” que apuestan al desarrollo de los países empobrecidos.

Ante todo intentan fijar en el espíritu individual y colectivo de las comunidades en resistencia el sentimiento de culpabilidad por las acciones colectivas de resistencia emprendidas, porque supuestamente irían en contra de su propio bienestar.

Estas campañas sistemáticas buscan instalar en el espíritu de las comunidades y pueblos en resistencia sentimientos de repudio a sus verdaderos y heroicos defensores, y estima y solidaridad con las empresas que les causan serios y profundos daños socioeconómicos, ambientales y espirituales.

Esta colonialidad económica explica, en buena medida, la situación exitosa de las empresas privadas en territorios de pueblos empobrecidos y despojados, sino también la predilección de los despojados por los productos comerciales de las empresas enemigas de la humanidad y de nuestra Madre Tierra.