En medio de una fuerte represión, desde el lunes 30 de mayo, miles de campesinos y campesinas se movilizan en Colombia.

Hasta el momento las movilizaciones se realizan en unos 100 puntos, en 27 departamentos del país. Participan en ellas más de 80 mil personas. En los primeros cuatro días de protestas las fuerzas gubernamentales asesinaron a tres campesinos e hirieron a otras 136 personas, en varios ataques. Pese a todo, el paro agrario sigue su marcha.

Se trata de la tercera gran movilización surgida desde el campo a la ciudad en tres años. Está convocada desde la Cumbre Agraria, que reúne  las principales organizaciones populares del país, y se denomina Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. 

Sus antecedentes más cercanos fueron las movilizaciones de 2013 y 2014, en las que confluyó gran parte del movimiento popular, y que culminaron con la firma de un pliego de acuerdos que el gobierno ha incumplido en un 70 por ciento, de acuerdo a lo señalado por las organizaciones.

Las manifestaciones reclaman un cambio en el modelo de desarrollo neoliberal que impulsa el gobierno del presidente Santos. En particular, exigen apoyo a la producción campesina, el reconocimiento de tierras y el desmonte del paramilitarismo.

Las convocantes, entre las que se encuentran la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, apoyan los diálogos de paz entre el gobierno de Santos y los grupos insurgentes, pero plantean la necesidad de que las organizaciones sociales tengan una participación protagónica en la construcción de la paz.

“Paz con justicia social” es el reclamo. Esto incluye la necesidad de cambios profundos: “Las políticas del gobierno afianzan un modelo económico de despojo en el territorio. Le abre todas las posibilidades para que las transnacionales sigan quedándose con los recursos y los usufructúen para beneficio particular”, explica Edgar Mojica Vanegas, vocero nacional de Congreso de los Pueblos y director del departamento de Derechos Humanos, Paz y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Entrevistado por Alcides García Carrazana para albamovimientos.org, el dirigente sindical comenta la situación social en Colombia: “El costo social siguen siendo muy alto para los trabajadores, campesinos, estudiantes, con una serie de reformas como la tributaria, al sistema pensional, al modelo educativo, a la salud… Vamos a ser los grandes damnificados. Lo que estamos diciendo es que la Paz que respaldamos sea con transformaciones que posibiliten una democracia; y no una paz para que el gobierno imponga un modelo del despojo de nuestros recursos y de nuestros territorios”.

Santos responde con asesinatos
A pesar de que el gobierno manifiesta que el diálogo continúa abierto, desde la Cumbre Agraria y Popular consideran que se trata de un doble discurso, puesto que ya han pasado casi tres años sin avances sustanciales a las demandas campesinas. Además, destacan que el Estado colombiano continúa asesinando con impunidad a quienes ejercen el derecho a la protesta. Lamentablemente, estas denuncias fueron rápidamente confirmadas en el curso de las acciones.

Apenas comenzada la Minga, el lunes 30 de mayo la represión se cobró la vida de Willington Quibarecama Naquirucama, un indígena de 26 años de la comunidad de Embera, en Valle del Cauca. El joven murió al caer al vacío luego de ser atropellado por una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que buscaba impedir el bloqueo de una carretera.

Tres días después, el jueves 2 de junio, cerca de 3000 indígenas de las organizaciones sociales Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y Sat Tama Kiwe se movilizaban pacíficamente en la vía panamericana, en Cauca, cuando fueron atacados con armas de fuego por el ESMAD. En esta represión fueron asesinados otros dos indígenas, Gersain Ceron y Marco Aurelio Díaz Ulcué. 

La manipulación de los medios privados
Mientras el discurso de la derecha colombiana, repetido hasta el cansancio, insiste en presentar al gobierno de Venezuela como un “régimen” que viola los derechos humanos de la población, muy diferente es el tratamiento para los graves actos de violencia estatal que suceden en Colombia.
 
La cadena RCN radio -propiedad de la misma familia que posee NTN24 y otras 20 empresas de medios- informó durante el mediodía del miércoles 1° de junio que había “disturbios” entre indígenas y el Esmad “por cierre de la vía Quibdó-Pereira”, sin hacer la más mínima referencia a las demandas del paro. Horas después de la represión, en la primera línea de otra noticia, RCN informó que “después de tres días fue habilitada la vía Quibdó-Pereira con el apoyo (sic) del Esmad”.

Caracol TV también evitó utilizar las palabras “asesinato” y “represión”. En su lugar, el título elegido fue: “Dos indígenas muertos dejan disturbios sobre la vía Cali - Popoayán”. Para insistir, luego, en otro informe, que (personas del gobierno, cabe suponerse) “investigan muerte de indígenas durante disturbios en Cauca”. Casi el mismo titular del diario El Espectador, que también tituló: “Investigan muerte de dos indígenas en desarrollo del paro agrario”.

Pero este último medio fue más allá y en la medianoche del mismo día en que fueron asesinados Ceron y Díaz Ulcué, prefirió titular que los acuerdos del 2013 y 2014 fueron cumplidos parcialmente , además de adjudicarle la muerte de los indígenas… a sí mismos. “El paro agrario, que completa cuatro días, dejó ayer dos líderes indígenas muertos en el Cauca”, afirma la bajada de la nota titulada “Acuerdos agrarios, a medio cumplir”. Y por si no quedaran dudas, el periódico remata la frase invirtiendo las responsabilidades políticas: “Gobierno llama a campesinos a la búsqueda de soluciones”.

El paro continúa con un pliego nacional
Además de coordinar la represión del ESMAD y la invisibilización de las demandas campesinas, el gobierno intenta dividir el paro con reivindicaciones particulares. Pese a esto, las organizaciones se manifiestan con firmeza y aseguran que el pliego es nacional y reclama una respuesta unificada. Además, exigen "garantías para la movilización social y el ejercicio del derecho a la protesta". Un pedido elemental que no llama la atención de medios locales ni internacionales.

Fuente: Periódico Cuatro F