A nueve meses de la masacre de Iguala, donde fueron asesinados 6 y desaparecidos por vía forzada 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un asunto (uno de tantos) sigue pendiente y es una de las evidencias de la responsabilidad legal y política del Gobierno de México en el caso: El Estado mexicano se ha negado categóricamente a reconocer esto como un "crimen de lesa humanidad" en su modalidad de "desaparición forzada de personas" de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Estatuto de Roma es el documento con el cual se constituye la Corte Penal Internacional (CPI). Este organismo ratificado por México fue creado en 1998, es independiente de la ONU pero cuenta con su visoria y tiene la intención de juzgar a las personas que cometan crímenes de guerra, genocidio, de lesa humanidad y agresión. Su sede está en La Haya, Holanda.

En su inciso i) sobre "desaparición forzada de personas" contenida en el artículo referente a "crímenes de lesa humanidad", el Estatuto de Roma establece que "por 'desaparición forzada de personas' se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado."

Diversas investigaciones de carácter periodístico han apuntado a la responsabilidad del Ejército en la masacre. Primero, por su sospechosa y presunta omisión en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 por parte de la 35 Zona Militar a cargo del general de brigada Alejandro Saavedra Hernández  con sede en Chilpancingo y su 27 Batallón de Infantería situado en Iguala, estado de Guerrero.

Luego, el testimonio de algunos sobrevivientes como el normalista Omar García, quien señala que elementos militares les amenazaron e interrogaron cuando, luego del ataque, algunos estudiantes buscaban auxilio en una clínica médica. Además, el reciente reconocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre que uno de los 43 desaparecidos era un soldado, lo cual, arroja  a la luz pública evidencia sobre de las labores de espionaje hacia los estudiantes por parte de los mandos castrenses.

Así mismo, las revelaciones hechas por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher publicadas en la revista Proceso en las cuales se niega que los normalistas fueron llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala, antes de ser presuntamente entregados al cártel de los Guerreros Unidos, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) como responsables de la masacre. Sin embargo, "algo no encaja", cuestiona un militar retirado en una nota escrita por el periodista especializado en crimen organizado Juan Veledíaz, en el blog "Estado Mayor":

"Los estudiantes no son un blanco enemigo para los narcos, por el contrario son un mercado para sus negocios, ¿por qué se supone que los Guerreros Unidos cometieron esta atrocidad, si lógicamente el costo es más alto que los beneficios? ¿Por qué tendrían que tirar su cuerpo cerca de la zona industrial de Iguala en el periférico norte? ¿Julio César (nombre del joven asesinado) fue el mensajero de la muerte al que le tatuaron el mensaje de terror como advertencia para todo aquel incauto que se atreva a desafiar a un poder de quien sabe quién?”.

Si, como se evidencia, el Ejército tuvo qué ver en la masacre, así como la Policía Federal -hacia la cual se dirigen acusaciones sobre su participación directa en el ataque armado-, no quedaría duda que la responsabilidad en el crimen de Ayotzinap es del Estado mexicano. Y ésta no se limita a los autores materiales de los hechos, de acuerdo al Estatuto de Roma que, en su artículo 28 señala la "responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:". Se señala:

"a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

"i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

"ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento."

Tomando en cuenta lo anterior, tendrían que ser llevados a juicio ante la CPI el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zapata y el propio presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas. Sin embargo y por todo ello, el Gobierno se defiende negando la responsabilidad del Ejército, rechazando la tipificación como "desaparición forzada" de los 43 normalistas y lanzando una poderosa campaña mediática para silenciar el caso y criminalizar a las personas y organziaciones que, a nueve meses de la masacre, siguen saliendo a las calles a protestar por lo ocurrido. "Fue el Estado", acusan y con razón. El crimen de Ayotzinapa fue ejecutado con el objetivo de liquidar a una institución acusada como semilla de guerrilleros, en el marco de la imposición de una reforma de privatización de la educación pública en el país. Una maniobra evidente de contrainsurgencia que le salió muy mal al Gobierno, inepto de por sí.