¡Qué bueno! que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya abierto la posibilidad para la legalización del uso de la mariguana con fines recreativos, placenteros, hedonistas, de convivencia o lúdicos.

¡Qué bueno! que el presidente de la República exprese su disposición personal e institucional para la apertura de un gran debate nacional en torno a la propuesta de vastos sectores sociales para la despenalización de la mariguana. 

Y qué bueno que el jefe de Gobierno del Distrito Federal manifieste su acuerdo con la utilización legal de la cannabis con carácter medicinal. Y qué bueno que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hayan expresado que darán impulso legislativo al uso de la juanita con fines terapéuticos. Sin duda esas personas e instituciones van por el camino correcto.

Y qué bueno que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anuncie la realización de un gran debate nacional en la materia. Y qué bueno que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, intervenga inopinadamente para darnos lecciones de civismo y legalidad al afirmar que al Poder Ejecutivo y al resto de la nación no nos queda otro camino que acatar la decisión de la Corte. 

Pero no deja de llamar la atención que una institución tan conservadora (y tan poco independiente) como la Corte haya dictaminado sorpresivamente que la prohibición del uso de la mariguana es violatoria de una garantía individual tan trascendente como la libertad de usar o consumir un producto cualquiera. 

Y la misma extrañeza causa que un individuo como Miguel Ángel Mancera, tan alejado de los intereses populares y tan proclive a los negocios jugosos, de pronto decida sumarse a la causa social en pro de la legalización de la mariguana, aunque el funcionario se ampare en la máscara del uso medicinal de la yerba.
Una extrañeza semejante genera la actitud de la diputación priista en favor de la legalización de la mariguana con fines medicinales. ¿De cuándo a acá a los diputados priistas les ha interesado representar los intereses o las aspiraciones populares?

¿No suena esta amplia coincidencia a una acción concertada? ¿Por qué de pronto personas e instituciones tan reaccionarias, tan conservadoras, tan de derecha y tan antipopulares expresan su acuerdo o, al menos, su no oposición a avanzar en una vía que, indudablemente y más temprano que tarde, conducirá a la derogación de tan aberrantes normas prohibitivas?

¿Cuál es el hilo conductor de esa amplia coincidencia? ¿Una súbita vocación democrática? ¿Una genuina preocupación por atemperar la descomunal violencia que, ligada a la prohibición de la mariguana (y de otros estupefacientes de menor consumo en México), se enseñorea en México y que resulta incontrolable para el Estado?

¿O será que la “sugerencia” para esta novedosa postura del gobierno mexicano viene de Washington? Porque es bien sabido que en Estados Unidos la legalización de la mariguana va viento en popa. Y que incluso ya es absolutamente legal, sin subterfugios medicinales, en muchos estados de la Unión Americana.

Recuérdese que no hace mucho cualquier tentativa de un país latinoamericano para legalizar la mariguana o al menos para atemperar las prohibiciones y puniciones de su uso conllevaba el riesgo de que el gobierno de ese país fuera calificado por Washington como un narco-estado, lo que implicaba estar en la lista negra de los enemigos de EU.

Cualquiera diría que al cambiar de dirección el viento en Estados Unidos ha empezado también a cambiar la dirección del viento en México.

Fuente. www.economiaypoliticahoy.wordpress.com