Gobierno de facto libio pretende extorsionar a funcionarios de La Haya

El Gobierno de facto libio anunció este martes que liberará a los funcionarios de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI), que mantiene detenidos desde el pasado jueves, solamente a cambio de información relacionada con Seif al Islam, hijo del exlíder libio Muamar al Gaddafi, quien se encuentra tras las rejas en la ciudad de Zintan, 180 kilómetros al suroeste de Trípoli.

Cuatro miembros de una delegación de la CPI fueron arrestados por las autoridades libias, acusados de espionaje, y puestos en detención preventiva durante 45 días, en el marco de una investigación que pretende indagar qué tipo de información obtuvieron al entrevistar a Saif Al Islam.

Entre los detenidos se encuentra dos abogados, la australiana Melinda Taylor y el español Esteban Peralta. Medios australianos sostienen que la política libia de intimidarlos con prisión preventiva para obtener información puede ser calificada como un delito de extorsión.

La agencia EFE reseñó que el portavoz del Gobierno libio, Mohamad al Hereizi, dijo a una emisora australiana los detenidos recuperarían su libertad “si revelan el paradero de Mohammed Ismail, ayudante de Saif al Islam Gaddafi”.

Las autoridades libias aseguran que Taylor intentó entregar al hijo de Gaddafi una carta cifrada de Ismail. "No se sabe dónde, pero lo ha visto (a Ismail). Queremos a este hombre. Queremos atraparlo porque es alguien muy peligroso para nosotros", afirmó Al Hereizi.

En tanto, el Canciller australiano, Bob Carr, manifestó su preocupación por informes periodísticos que daban cuenta del supuesto traslado de Taylor, “de una vivienda donde estaba bajo arresto domiciliario a una prisión no identificada”.

Igualmente, rechazó que a Taylor no se le permita contacto con algún representante del Gobierno de su país, la CPI o sus familiares. Es por ello que el embajador australiano en Libia, David Ritchie, busca la vía para tener acceso inmediato a la abogada.

Según la Fiscalía General libia, se ordenó prisión preventiva para dos de los cuatro detenidos, Taylor y su traductora, y agregan que los otros dos detenidos se quedaron por decisión personal.

La CPI quiere juzgar al hijo de Gaddafi en La Haya en un juicio internacional, mientras que las autoridades libias lo quieren someter a un proceso en su país. La CPI se opone a esta última opción “por temor a que no tenga un procedimiento justo”.

Saif al Islam está acusado en La Haya de crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos al frente de las fuerzas militares del fallecido Muamar al Gaddafi, durante las revueltas de insurgentes en Libia entre febrero y septiembre de 2011.

Recientemente, la justicia libia condenó a 24 europeos, algunos a cadena perpetua y otros a 10 años de prisión, acusados de ser militantes de las fuerzas militares del régimen de Gaddafi. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han denunciado constantemente, incluida las Naciones Unidas, la tortura en cárceles libias de expartidarios de Gaddafi.