
Anders Breivik afirmó que no apelará en juicio. (Foto: Efe)
El autor confeso de la matanza de 69 personas en la isla de Utoeya de la provincia Buskerud y otras ocho en la capital de Noruega, Oslo, mediante la activación de un carro bomba, anunció este jueves que no apelará la sentencia del juicio que se le sigue, si es encontrado culpable.
Anders Behring Breivik enfrenta un juicio por homicidio de 77 personas en julio de 2011. El noruego ultraderechista hizo estallar un carro bomba en un edificio gubernamental de Oslo, donde ocho personas resultaron muertas. Seguidamente se trasladó a Utoeya, donde -vestido con prendas policiales- disparó a mansalva logrando asesinar a 69 personas, en su mayoría jóvenes que asistían a un campamento del partido laborista.
"No hay absolutamente ninguna razón de apelar si soy declarado responsable", expresó Breivik, de 33 años, en la audiencia de este jueves.
Añadió que "la cuestión de si se apela o no la deberá decidir entonces sólo el juez".
El pistolero de Utoeya ha afirmado su deseo de ser reconocido mentalmente sano. No obstante, solicita la absolución al considerar que actuó en una situación de "necesidad", en defensa de su país.
La salud mental de Breivik, quien reconoce los hechos recriminados pero se declara no culpable, es la cuestión clave del juicio.
Un primer estudio psiquiátrico al que fue sometido Breivik lo consideró un enfermo mental que se encontraba en estado psicótico cuando cometió los atentados, por lo que no podría ser condenado a pena de cárcel, sino que debería recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico, según las leyes noruegas.
Seguidamente, un segundo estudio invalidó esta tesis al concluir que estaba suficientemente sano de espíritu para poder responder por sus actos.
Los dos equipos de psiquiatras deberán presentar sus informes en la fase final del juicio, en la tercera semana de junio, completados con las observaciones tomadas a lo largo del proceso.
Será ahí cuando la Fiscalía decida qué tipo de pena solicita para Breivik, quien enfrenta cargos por homicidio voluntario y actos de terrorismo. De ser declarado culpable podría enfrentar una condena de 21 años, la máxima que existe en la legislación del país nórdico.