Geografía del genocidio de líderes sociales en Colombia
“No acepten lo habitual como cosa natural,
Pues en tiempos de desorden sangriento,
De confusión organizada, de arbitrariedad consiente,
De humanidad deshumanizada,
Nada debe parecer imposible de cambiar”
Bertolt Brecht
Desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016 en Colombia se han registrado 436 asesinatos de líderes y lideresas sociales. En lo que va del 2018 se alcanza la cifra de 131 víctimas, producidas mayormente en zonas donde reina la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, la ocupación ilegal de tierras y la intolerancia por las posiciones políticas.
Este verdadero genocidio por goteo provoca desplazamientos forzosos de familias enteras y enluta los titulares de Colombia casi todos los días.
“La cifra desafortunadamente va en aumento, tal como está registrada en el Mapa de la Vergüenza, donde se consignan los casos de los homicidios por departamento y que muestra que en lo que va corrido del año, ya van 123, arrojando un asesinato por día”, afirma el informe “Todos los nombres, todos los rostros”, de mayo de 2018, suscripto por Cumbre Agraria, el Equipo Operativo Nacional Garantías y Derechos Humanos, Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
“La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo una expresión del déficit crónico del Estado”, señala el informe.
Qué defienden los líderes asesinados
Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los homicidios en el 2018. Esto explica que el 80,48 % de las víctimas de homicidios eran parte de organizaciones campesinas y/o étnicas. En cambio, los conflictos relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 13 % del total.
Según el informe, las agendas de defensa de derechos que abanderaban los líderes víctimas de homicidio, comparten los siguientes rasgos comunes:
• Defensa del territorio y de los recursos naturales: Conflictos asociados a la oposición a los cambios en el uso del suelo. Impulso de iniciativas para la protección del ambiente.
• Procesos de restitución de tierras y de retorno: Es quizás, el asunto que más víctimas aporta. Es un círculo en que los propietarios legales iniciales fueron desplazados por grupos al margen de la ley. Cuando por sentencia judicial regresan a tomar posesión de sus tierras, muchos de ellos son asesinados.
• Defensa del territorio frente a intereses privados.
• Denuncias relacionadas con temas de expendio de drogas, presencia de actores armados y utilización de niños, niñas y adolescentes en sectores periféricos de centros urbanos
• Denuncias respecto a la inversión de recursos públicos.
Geografía de la matanza
Sin embargo, no todo el país sufre las consecuencias de esta guerra por igual.
Las estadísticas de los asesinatos muestran que los departamentos del Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba y Norte de Santander son las regiones que han puesto la mayor cuota de líderes asesinados en el 2018. La tendencia es la misma si se analizan los dos años precedentes.
Esto obedece a que en estos departamentos -fronterizos con Venezuela y el Océano Pacífico- el conflicto armado continúa, ya no con los desmovilizados de las FARC, sino con los grupos que han venido a ocupar estos territorios.
En el siguiente gráfico se visibilizan los departamentos más castigados por la violencia:
En los cuadros de abajo se resumen las víctimas de la violencia inscriptas dentro de la categoría líderes sociales y defensores de derechos humanos durante los años 2016, 2017 y lo que va de 2018:
>>Pablo Beltrán: Diálogo por la paz en Colombia queda atrapado entre dos Gobiernos
La desmovilización de las FARC tuvo un saldo trágico para sus miembros en las mismas zonas afectadas por la violencia contra los líderes sociales.
Siete municipios con una alta incidencia
La concentración geográfica a nivel de departamentos también se verifica en menores niveles. Si se enfoca el análisis en entidades territoriales más pequeñas, encontramos siete municipios que suman casi el 20% del total de 435 víctimas del genocidio social.
Estos son:
1) Tumaco (Nariño) con 28 casos (6,5% del total)
2) Buenaventura (Valle del Cauca) con 13 casos (3,0% del total)
3) Caloto (Cauca) con 12 casos (2,8% del total)
4) Corinto (Cauca) con 11 casos (2,5% del total
5) Medellín (Cali), Buenos Aires (Cauca) y
6) El Tambo (Cauca) cada uno con 7 casos (cada uno 1,6% del total)
La sumatoria es de 85 casos, que representan el 19,5% del total de 435 personas asesinadas. Estos 7 municipios representan apenas el 3,4% de los 205 municipios en los que se han cometido estos crímenes. El total de estos municipios, a su vez, representan el 18,3% del total de 1.122 municipios que posee la República de Colombia.
Es decir que la concentración de delitos en un puñado de departamentos, y en un puñado más pequeño aún de municipios, facilitaría una política de seguridad eficaz, si el Estado manifiesta interés en aclarar y prevenir estos gravísimos delitos.