Los trabajadores de la empresa estatal Correos de Ecuador se concentran en los exteriores de la Corte Constitucional para manifestarse en rechazo del cierre de la mencionada entidad, como parte del proceso de optimización anunciada por Lenín Moreno el 19 de mayo pasado.

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Según Javier Martínez, exgerente de la empresa, los trabajadores se disponen a presentar una demanda por la inconstitucionalidad del decreto que implementa la clausura. El recurso se basa en que la disposición jurídica no prevé cómo se va a garantizar el servicio público de correos, el cual, en este momento, solo es ejecutado por la entidad cuyo cierre se cuestiona.

Martínez evaluó también que la medida no ha sido debidamente justificada y razonó que en los últimos cinco años Correos del Ecuador generó ingresos por valor de 24 millones de dólares, al tiempo que sus gastos registraron un monto similar, por lo que la empresa no es ineficiente.

Asimismo, explicó que los gastos de la empresa se debitan de su propia recaudación y no de los impuestos que pagan los ecuatorianos, porque así está dispuesto en la ley. “Entonces, si no es una empresa deficitaria y si no afecta el presupuesto fiscal, ¿dónde está el fundamento para cerrarla?”, cuestionó.

Los trabajadores también señalan que se vulneran sus derechos laborales y que el interés del Gobierno es privatizar el sector. Unos 900 de ellos resultarán despedidos al momento del cierre de la empresa, reclamando además que a la fecha llevan 3 meses sin cobrar su salario.