El senador y precandidato republicano, Marco Rubio pidió al Gobierno estadounidense aplicar la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela de 2014”, que niega visas y congela bienes a funcionarios que supuestamente violan los derechos humanos.

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Esta nueva injerencia norteamericana se da en el marco de la sentencia al político de la derecha venezolana Leopoldo López, quien deberá cumplir 13 años de prisión principalmente por su participación en las guarimbas que dejaron más de 40 muertos en la nación suramericana, durante las protestas del pasado año. 

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A juicio de Rubio, “el arresto y la encarcelación de López, demuestran de forma evidente que el juicio y la sentencia de prisión han sido una farsa”, dijo, al tiempo que pidió al mandatario Barack Obama mantenerse vigilante sobre los asuntos internos de Venezuela y “a no bajar la guardia”, esto en vista que el mismo jefe de Estado norteamericano había reconocido tras el decreto unilateral en abril de 2015, que los venezolanos no representaban ninguna amenaza a la Casa Blanca. 

Ahora, desde Estados Unidos se busca intervenir nuevamente en la política interna venezolana, utilizando como excusa la sentencia judicial contra Leopoldo López, por tal razón el alcalde venezolano Jorge Rodríguez denunció este sábado una campaña internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro orquestada por la derecha nacional e internacional para desestabilizar. 

Contexto:

El opositor de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López, fue sentenciado el jueves a 13 años de prisión, que deberá cumplir en la cárcel de Ramo Verde en Caracas, capital de Venezuela. 

La medida, dictada por el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, lo señala como responsable de los delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad colectiva y asociación para delinquir.

López permanecía arrestado desde febrero de 2014 y fue imputado como responsable de las protestas con fines golpistas que dejaron un saldo de 43 personas fallecidas y cientos de heridos. 

Nuevas investigaciones venezolanas relacionan a dirigentes de la derecha con actividades paramilitares ordenadas desde la frontera con Colombia, donde se desarrolla un operativo de seguridad desde el pasado mes de agosto, para recuperar el control y la seguridad en la zona limítrofe.

El asesinato del joven diputado oficialista Robert Serra es una muestra de los crímenes que se han cometido de la mano de paramilitares, quienes presuntamente han actuado con apoyo de sectores oposicionistas dentro y fuera del país suramericano. 

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