Una manifestación popular en Guatemala exigió este martes la renuncia del presidente Jimmy Morales y de los diputados, quienes son acusados de no enfrentar la corrupción en el país. 

De esta manera, estudiantes, indígenas, colectivos sociales, campesinos y pequeños empresarios se reúnen para protestar en la capital y en diferentes partes de la nación.

Posteriormente, se desarrollará un paro nacional que ya fue anunciado, en el que se sumarán empresas nacionales e internacionales.

En la movilización están incorporadas varias organismos, tales como: la Universidad San Carlos (estatal), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Justicia Ya, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la Universidad del Valle, la Batucada del Pueblo, entre otras instituciones.

Los productores de esta marcha tienen proyectado unas 100.000 personas, para reclamar el reemplazo de políticos en los organismos Legislativo y Ejecutivo.

Casos de corrupción 

Los ciudadanos están reclamando la pretensión del Congreso por aplicar reformas que apelen a la corrupción, así como la intención del Jefe de Estado por exiliar a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(Cicig).

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Morales está relacionado con un supuesto delito de financiamiento ilícito electoral, que ocurrió en la campaña que lo llevó al poder, pero el 11 de septiembre el Congreso no retiró la exoneración que se le tiene para poder ser examinado, informó el Ministerio Público y la Cicig.

Por su parte, los parlamentarios acordaron para que en la próxima sesión, que sería el jueves próximo, se discutiera la posibilidad de quitarle la protección a Morales para que pueda ser investigado.

Aunado a esto, los protestantes están reclamando el reemplazo de los diputados por haber aprobado las reformas en el Código Penal, a pesar de que la elección general rechazó esta reforma.

Otra de las reformas aumentaban los años de cinco a diez por las penas de conmutación y libraba a los candidatos y secretarios generales de los partidos políticos de las responsabilidades por el financiamiento ilícito electoral.

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