Al menos 350 personas, entre las que destacaban familiares de los 48 niños mexicanos que fallecieron en el incendio de la guardería infantil en Hermosillo (capital del norteño estado de Sonora), protagonizaron una manifestación este sábado en Ciudad de México para demandar justicia por el siniestro ocurrido en el mes de junio.
Los asistentes portaban pancartas en las que se leía "Hermosillo: infanticidio", "Por nuestros niños y niñas contra la impunidad" y "Cárcel a los peces gordos, no a 'chivos espiatorios'", entre muchas otras, a raíz de un incendio que se desencadenó en la guardería que se ubica en un edificio que carece de salidas de emergencia.
Con fotografías de algunos de los niños fallecidos, el grupo marchó desde la sede central del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta la representación del gobierno del estado de Sonora en la capital mexicana.
El pasado 5 de junio, un incendio que comenzó en una bodega de la secretaría de Hacienda del Estado de Sonora se extendió a la guardería ABC, donde murieron 44 menores y otros 47 resultaron heridos, algunos de gravedad. En los días siguientes, la cifra de victimas fatales se elevó a 48.
A horas de la tarde, la portavoz y organizadora de la manifestación, Olga Durón, declaró a periodistas que "los resultados son muy pocos todavía. Es la corrupción, es la negligencia, es el tráfico de influencias (...) Hay muchísimos responsables con nombres y apellidos".
"Lo justo es que entreguen a los responsables, directos e indirectos. A los funcionarios corruptos que firmaron las autorizaciones, que revisaron el centro y que no dieron aviso de tanta negligencia por parte de los dueños de las guarderías", reclamó Durón al inicio de la marcha, convocada por organizaciones civiles de la capital en solidaridad con las familias de las víctimas.
La fiscalía mexicana ha iniciado acción penal contra 27 personas, incluidos los dueños del centro infantil, pero hasta ahora sólo una de ellas se encuentra en prisión. Siete funcionarios estatales detenidos la semana pasada fueron puestos en libertad bajo fianza dos días después.
Las investigaciones han revelado graves deficiencias en las instalaciones donde se ubicaba la guardería, como un diseño inadecuado en las puertas de emergencia, falta de extintores, detectores de humo defectuosos y un plafón elaborado con materiales inflamables, entre otras.
El centro educativo infantil era operado por particulares bajo concesión del IMSS. Su propietarios eran Gildardo Urquides, ex secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Gómez y Sandra Téllez, esposas de dos funcionarios de Sonora.
Los manifestantes expresaron su indignación por el caso. Entre ellos, se encontraba la actriz mexicana Ofelia Medina, quien en días pasados, junto a una veintena de actores e intelectuales, abrió una cuenta bancaria para que los familiares cuenten con recursos para denunciar penalmente a los presuntos responsables de las muertes de los pequeños.
Los líderes de la marcha leyeron un comunicado en el que aseguraron que el seguro social "subroga sus obligaciones y viola sus propias normas para alimentar la voracidad de familiares y socios pertenecientes al primer círculo del poder para la obtención de dinero fácil" proveniente de las cuotas y los impuestos.
