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El proyecto activado en febrero de 2016 por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro forma parte de los 15 motores impulsados en Venezuela para afrontar la guerra económica y constituir un nuevo modelo económico productivo, independiente del modelo rentista petrolero que caracteriza al país suramericano.
El plan prevé la explotación de minerales estratégicos como el carbón y el manganeso; minerales metálicos como oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita y níquel; así como minerales no metálicos como diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco; acorde con las metas establecidas en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, bajo criterios de soberanía y sustentabilidad.
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El plan de desarrollo pretende implantar un modelo de "minería ecológica", con respeto al ambiente, que permita superar la matriz monoproductiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.
El esquema propuesto para los inversionistas es la creación de empresas mixtas, en las cuales el Estado sea titular de 55 por ciento de las acciones y tenga igual porcentaje del total de las ganancias.
Las empresas que han manifestado su deseo de unirse al proyecto son de origen ruso, canadiense, británico, surafricano, estadounidense, chino y australiano.
Estas compañías podrán establecerse en los cuatro bloques en que está dividido el Arco Minero, cada uno de ellos con potencialidades específicas: el primero, llamado Juana La Avanzadora, principalmente posee coltán (un componente escaso, declarado estratégico para la industria de la tecnológica), oro, bauxita y diamante; el segundo, denominado Manuelita Sáenz, tiene oro y diamante; el tercero, Negra Hipólita, se caracteriza por el hierro, oro, diamante y bauxita; y el cuarto, Josefa Camejo, está constituido principalmente por yacimientos auríferos.
El plan del Estado señala que únicamente se intervendrán las áreas donde ya se ha iniciado la explotación minera, mediante proyectos que contarán con tecnología de punta para el procesamiento de los minerales que incluyen plantas de tratamiento de agua, lo que minimizará el daño a las cuencas fluviales.
El Ejecutivo venezolano ha asegurado que los proyectos respetarán no sólo la naturaleza, sino a las poblaciones indígenas que viven en la zona y capacitará a los pequeños mineros, que actualmente explotan a menor escala los recursos auríferos, para que utilicen métodos de impacto mínimo al ambiente.
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En principio el sector generaría más de 20 mil empleos directos y más de 70 mil indirectos, y ampliaría la presencia del Estado en las zonas mineras, que históricamente han sido dominada por mafias violentas que viven de la explotación ilegal.
El Estado venezolano prevé impulsar un programa pedagógico con los mineros de la zona, no sólo para evitar el uso del sustancias contaminantes sino para que las comunidades indígenas, que también viven de la explotación del suelo, conozcan los beneficios económicos, tecnológicos y sociales del proyecto. El plan de información que será divulgado en las lengua de las distintas etnias venezolanas.
El objetivo, en corto plazo, es establecer un registro para contabilizar, legalizar y capacitar a los mineros del estado Bolívar en técnicas adecuadas, con el propósito de que la actividad económica sea sustentable y ecológica.
Facilitar el acceso de los pequeños mineros a las plantas libres de mercurio no sólo pretende reducir la contaminación de las cuentas, sino ofrecerles herramientas para que no exploten el recurso en minas ilegales, generalmente dominadas por mafias violentas que promueven el contrabando.
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